- Las actividades de educación no formal no han sido tenidas suficientemente en cuenta a la hora de establecer regulación durante el verano afectando a los derechos de niños, niñas y jóvenes
Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, los derechos de la infancia y adolescencia y su acceso a espacios de socialización, actividades de ocio y tiempo libre se han visto seriamente perjudicados y olvidados, teniendo esto un impacto negativo en el bienestar, desarrollo, y derechos de niños, niñas y adolescentes.
Las entidades de educación no formal, que gestionan dichas actividades de ocio y tiempo libre todavía no disponen de normativa clara en todas las Comunidades Autónomas ni información suficiente sobre cómo actuar ante diversos escenarios o si podrán desplazarse entre CCAA y en qué condiciones.
Además, se está valorando establecer aforos muy restrictivos, condiciones más exigentes frente a otros espacios de ocio, y barreras adicionales como la realización de pruebas PCR o test de antígenos para los que no se han planteado ayudas directas. Esto supondría un menoscabo en el acceso a estas actividades por parte de niños y niñas de entornos vulnerables, que son quienes más las necesitan.
Tras 15 meses de restricciones por la pandemia, es necesario habilitar la realización de estas actividades con seguridad para que contribuyan y permitan el desarrollo de la salud física y mental de la infancia y la adolescencia. Es preciso recuperar espacios de juego y que estos sean accesibles para niños y niñas con discapacidad para asegurar la felicidad y el bienestar; pero también para asegurar el conocimiento de sus derechos, educarse en el cuidado y respeto del medio ambiente, la atención a la diversidad y el compromiso en la defensa de los Derechos Humanos entre otras cuestiones.
Asimismo, esta falta de espacios para los niños niñas y adolescentes puede traer otros efectos negativos para su salud como el aumento del sedentarismo y la obesidad, la sobreexposición a pantallas, problemas de salud mental o la limitación del efecto positivo de la exposición al sol.
Pero las limitaciones a estas actividades también afectan a la capacidad de las familias para ejercitar la conciliación, con la finalización del curso escolar esto puede suponer problemas adicionales para las familias, así como incrementos de situaciones de riesgo al estar los niños y las niñas con personas de mayor vulnerabilidad o con entornos de mayor transmisión (abuelos, abuelas, familiares mayores etc.).
Por todo ello, las organizaciones de infancia y juventud piden a las administraciones públicas, que regulen adecuadamente estas actividades durante la época estival, se tenga en cuenta al sector a la hora de tomar medidas, se trate de homogeneizar las medidas entre las Comunidades Autónomas, y que garanticen que no se generen barreras de acceso a niños, niñas y adolescentes de entornos vulnerables.
