El Consell Valencià de la Juventut reclama una mayor interlocución con la Generalitat para aprobar conjuntamente protocolos que regulen las actividades de educación no formal durante la pandemia

  • La organización recuerda que el acceso al ocio educativo es un derecho reconocido en la Ley valenciana de derechos y garantías de la infancia y adolescencia
  • La presidenta del CVJ, Pilar Blasco, reivindica el ocio educativo como “espacio seguro” y “método de prevención de contagios”

El Consell Valencià de la Juventut (CVJ) reclama una mayor interlocución con la Generalitat para aprobar conjuntamente protocolos que regulen las actividades de educación no formal durante la pandemia.

Con motivo del Día Universal del Niño y la Niña, el CVJ quiere reivindicar la importancia del ocio educativo en el desarrollo físico y psicológico de niños, niñas y adolescentes, al mismo tiempo que recuerda que se trata de un derecho reconocido en el artículo 68 de la Ley 26/2018 de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia.

El CVJ lamenta que las medidas adoptadas por la Conselleria de Sanidad relativas a actividades de ocio educativo se aprobaran sin contar con la participación de las propias entidades de educación no formal y denuncia la confusión normativa que impera en el sector, puesto que no se sabe de manera clara cuál es la legislación que las regula.

La presidenta del CVJ, Pilar Blasco, ha alertado del “peligro” que corre la educación no formal y asegura que “el movimiento asociativo, especialmente el juvenil, está sufriendo muy duramente las últimas restricciones”. Además, ha recordado que en el territorio valenciano hay “más de 5.000 voluntarios y voluntarias que están presentes en el proceso formativo y educativo de más de 35.000 niños, niñas y jóvenes”.

Desde el Consell Valencià de la Juventut se entiende que se trata de un momento complicado, donde está en juego la salud y el bienestar de la población, pero piden a las autoridades que escuchen a la ciudadana y a las asociaciones civiles para poder trabajar de manera coordinada y segura para todos y todas.

La Ley 26/2018 establece que las administraciones públicas tienen la obligación de “promover actividades de ocio educativo” y “apoyar a aquellas que lleven a cabo entidades sin ánimo de lucro” con el objetivo de garantizar una “oferta estable, regular y variada”.

Así mismo, la norma describe el ocio educativo como “el conjunto de actividades de tiempo libre que contribuyen al desarrollo holístico, que educan en hábitos de participación, en el respecto al medio ambiente, o en valores de compromiso, solidaridad e inclusión social, y que favorecen las relaciones entre iguales y la adquisición de habilidades de competencia social”.

“El ocio educativo contribuye de manera importante al desarrollo personal y social de los niños y las niñas y ahora, más que nunca, puede servir como método de prevención de contagios”, ha reivindicado Blasco. “Existen informes que, igual que los colegios, demuestran que la educación no formal constituye un espacio seguro”, ha añadido.

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña de Naciones Unidas establece en el artículo 29 que los Estados signatarios, entre ellos España, tienen que garantizar que la educación permita “desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño y la niña hasta el máximo de sus posibilidades”, donde queda incluido y protegido el ocio educativo.

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